El control de la inmigración ilegal abre
un nuevo frente al gobierno en la UE
Noticia publicada en:
http://www.lavanguardia.com/politica/20131204/54395168011/bruselas-explicaciones-concertinas.html
Nuevo toque de atención desde Europa
al gobierno español por su política de seguridad. Si ayer era el comisario de
Derechos Humanos del Consejo de Europa quien daba la voz de alarma por el
anteproyecto de ley de seguridad ciudadana del gobierno, hoy ha sido la
responsable de Interior de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, quien ha
expresado alto y claro su preocupación por las medidas represivas del gobierno
para frenar la inmigración ilegal, en particular por la colocación de concertinas en la valla de Melilla.
“No he hablado con el Gobierno
español sobre este tema, pero voy a hacerlo”, ha anunciado este mediodía
Malmström en Bruselas en declaraciones a la prensa. “Voy a hablar con el
ministro español para averiguar todos los detalles” y determinar si estos alambres
son compatible con la legislación comunitaria, ha manifestado la titular
europea de Interior durante la presentación de un nuevo paquete de medidas para
evitar tragedias como la de Lampedusa.
Mallmström ha demostrado estar al
corriente del historial de este instrumento en la frontera española con
Marruecos y aireó sus dudas sobre la conveniencia de retomar una práctica que
ya antes se descartó por sus peligrosas consecuencias. “Por lo que sé, esto ya
estaba en Melilla hace varios años pero se retiró y ahora se está reinstalando
de nuevo. Por lo que leí en la evaluación cuando se retiró, la conclusión era
que no impedían que la gente entrara, sólo les hacían llegar con más heridas.
Si eso era verdad entonces, probablemente también es verdad ahora”, ha planteado
la comisaria de origen sueco.
Malmström y el ministro de Interior
Jorge Fernández Díaz coincidirán mañana en Bruselas durante la reunión del
consejo de ministros de Interior europeos. Aunque no se ha fijado ningún
encuentro formal entre ambos, fuentes del gobierno afirman que el ministro no
descarta abordar el tema de manera en los márgenes de la reunión de mañana, de
manera informal y verbal, para tratar de zanjar la polémica. Malmström ya había
expresado su preocupación por esta medida hace unos días, desde Atenas, donde
declaró que aunque la decisión de cómo se protegen las fronteras exteriores
corresponde a cada país, las medidas deben estar “dentro de unos límites”. Las
vallas “por sí mismas, generalmente, no han impedido” que los inmigrantes cruzaran
fronteras allí donde se han levantado (España, Grecia y Bulgaria), añadió.
Varios eurodiputados se han hecho
eco de las críticas de las oenegés a estas alambradas y han denunciado ante
Bruselas en su colocación en España. Europarlamentarios de PSOE, IU, ICV y UPyD
han reclamado por escrito a la Comisión Europea que exija a las autoridades
españolas que las retiren. También Niels Muiznieks, comisario de Derechos
Humanos del Consejo de Europa –institución ajena a la UE, con sede en
Estrasburgo– ha manifestado su rechazo a este tipo de medidas represivas contra
la llegada de inmigrantes.
Los desencuentros entre el Gobierno
y las instituciones europeas llegan semanas después de que el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos diera un importante varapalo jurídico a España al declarar
ilegal la aplicación retroactiva de la doctrina Parot. El Gobierno no ha
ocultado su desacuerdo con la decisión de la máxima instancia judicial europea
en materia de derechos humanos pero siempre ha dicho que acataría la sentencia,
que ha provocado la liberación de decenas de presos que habían cumplido
condenas más largas de lo que les correspondía.
Estrasburgo, como hace con todas sus
sentencias, está supervisando la correcta aplicación de la sentencia por parte
de España, como ocurre con todas las decisiones de corte europea. El comité de
ministros del Consejo de Europa –su órgano ejecutivo– ha celebrado hoy su
primera reunión para valorar la documentación remitida por el Gobierno, que más
adelante deberá presentar un informe final con las medidas tomadas para
ejecutar la sentencia. Será entonces cuando el comité de ministros decida si da
carpetazo al caso, al menos desde el punto de vista jurídico.
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