Día 60: las tres puertas de salida de los CIE
Las puertas de los Centros de Internamiento de Extranjeros se abren de tres formas muy distintas: la libertad, la deportación y, la más oscura, por la que cruzó Samba Martine
"A veces llega un amigo que lo han llevado al aeropuerto y viene con la cara hinchada. Y piensas: ¿el día que me toque a mí también voy a quedar así o me suben y me voy tranquilo?"
Las puertas de los Centros de Internamiento de Extranjeros se abren de tres formas muy distintas. Tanto, que podría decirse que, en realidad, tienen tres salidas diferentes. La primera y la más habitual, es la puerta hacia la libertad. Es la puerta de llegada o de regreso a España para los internos de los CIE. Para cruzarla, suele ser necesario que pasen sesenta días, el máximo tiempo de internamiento permitido por ley. Un periodo suficiente para, en mayor o menor medida, cambiar a quienes lo sufren.
La segunda es la puerta de la deportación, la puerta hacia el avión que lleva a quienes la traspasan a su país de origen, en el mejor de los casos. Un lugar del que muchos huyeron y al que nadie desea regresar en las condiciones en que lo hace desde el CIE. A pesar de que el único sentido legal de estos centros es que todos sus internos salgan por esta puerta, son menos de la mitad los que finalmente lo hacen.
La tercera puerta es la más extraña y la más oscura. Fue la puerta que cruzaron Samba Martine, Idrissa Diallo o, hace pocos meses, en Barcelona, Alik Manukyan. Es la puerta de los que nunca saldrán del CIE.
La primera puerta: una libertad condicionada
A pesar de que la única función legal de los CIE es la de ser en un paso previo a la deportación de inmigrantes en situación irregular, en la práctica, menos de la mitad de sus internos son finalmente expulsados del país. La mayoría, pasados los sesenta días que establece la ley como duración máxima del internamiento, son puestos en libertad, dado que la deportación ha sido irrealizable. En 2012, 11.300 personas pasaron por los ocho centros que funcionan actualmente en España, de los que solo 5.000 fueron finalmente expulsados.
Las causas que pueden hacer que un interno de los CIE sea puesto en libertad son diversas. La más común, según explica Lluc Sánchez, abogado y miembro de la ONG SOS Racismo, tiene que ver con que “muchas veces, la policía solicita el internamiento a personas que no pueden ser expulsadas, en su mayoría porque no hay un acuerdo de repatriación” con su país de origen.
Este es el caso del África subsahariana, una de las regiones del mundo con las que España mantiene menos acuerdos de devolución. Antonio Díaz de Freijo, director de la Asociación Karibu, Amigos del pueblo africano, coincide con Sánchez en que esta circunstancia es bien conocida por la Administración que, ya antes del internamiento, “sabe, como lo sabemos nosotros, o mejor, que la mayor parte de los inmigrantes africanos no pueden ser expulsados”. Algo que los miembros de Karibu explican a los internos a los que visitan en el CIE de Aluche, en Madrid: “Si viene un chaval de Costa de Marfil lleno de pánico porque lo van a expulsar, le decimos que esté tranquilo «que a ti no te va a expulsar absolutamente nadie»”.
Díaz de Freijo explica que, en África, Marruecos y Senegal son, prácticamente, los únicos países de origen a los que pueden ser retornados los internos de los CIE - a los que otras fuentes añaden Nigeria o Mauritania-, pero esta circunstancia no se produce solo por la falta de acuerdos bilaterales. Tras realizar un internamiento, Lluc Sánchez cuenta que “si hay dudas sobre el origen nacional de un extranjero, se contacta con los consulados para que hagan una entrevista con los internos y verifiquen cuál es el país de origen”. En este punto, la expulsión puede entrar en otro callejón sin salida, pues Díaz de Freijo recuerda que, en muchos casos, “ese país al que podrían pertenecer dice: «ni son de nuestro país ni los queremos»”, desentendiéndose por completo de la situación.
Por último, otra cuestión que podría impedir la expulsión sería un recurso contra el auto de internamiento que el juez considere adecuado. Recursos que pueden apelar al arraigo del interno, a que haya sido víctima de la trata de personas o a su menoría de edad.
Sissoko, inmigrante maliense que pasó sesenta días en el CIE de Madrid en 2011, no llegó a ser expulsado. “Lo más difícil son los primeros quince días, según me contaron cuando estaba recién llegado. A partir de ese momento, cuando pasan treinta días, aún hay opciones de que te deporten, pero a los cuarenta o cincuenta días, ya puedes estar un poco confiado de que no te van a deportar, aunque no totalmente. Pero bueno, empiezas a pensar que te van a soltar”, relata. La noticia de que iba a ser puesto en libertad le llegó a Sissoko el día que cumplía su periodo máximo de internamiento en el CIE de Aluche: “Llevaba toda la noche con dolor de tripa y pedí ir al médico. Me llamaron por megafonía y pensaba que era por eso. Fui a la consulta y el médico me preguntó que qué hacía allí, porque no me había llamado todavía. Volví a bajar y preguntaron que quién era Sissoko. Dije que era yo y me dijeron que cogiera mis cosas y me fuera. Yo, encantado, subí corriendo, cogí mis cosas y salí. […] Tenía prisa por llegar a mi casa, ducharme, comer bien y relajarme. Para mí era como un sueño. Como nunca había estado en un sitio tan malo como ese, salí con cansancio. Salí como si me hubieran quitado un millón de pesos de encima”.
Sissoko había sido internado en el centro de la ciudad en la que vivía, pero eso no es siempre así, una circunstancia sobre la que pone su atención Antonio Díaz de Freijo: “Hay otro problema que es muy importante y muy injusto: los detenidos en provincias españolas diferentes a Madrid. Los traen aquí, con un gasto impresionante (con uno o dos coches de Policía) pero, a la hora de ponerlos libres, si es a las ocho de la tarde, mejor que a las ocho de la mañana. Se lo dije al director y me contestó: «desde el momento en que yo recibo el acta del juez, si lo retengo y le pasa cualquier cosa, me meten a mí en la cárcel». Se cumple esa barbaridad de poner a las ocho o a las nueve de la tarde a una persona en la calle sin tener adónde ir. Y el pobre chaval, lo que quiere es volver a entrar en el CIE”.
Quienes han pasado por los centros quedan en una situación legal compleja. Haber sido puestos en libertad no implica que su orden de expulsión quede anulada. Esto impide que puedan volver a ser internados, dado que ya han superado el periodo máximo de estancia en el CIE, pero también se convierte en una barrera frente a una posible regularización: “Te dicen «márchate y vuelve dentro de cinco años» [periodo de vigencia de la orden de expulsión]. Quedas manchado y puedes salir de eso jurídicamente, buscando un abogado y pagando una multa, pero cancelar la orden de expulsión cuesta 500 euros. ¿De dónde sacan los 500 euros? Entramos en una dinámica de persona perseguida”, explica el director de Karibu.
La segunda puerta: las deportaciones
Quienes conocen el funcionamiento de los CIE y de los procesos de expulsión de extranjeros hablan de dos tipos de deportaciones: las que se producen mediante aviones fletados exclusivamente para ese cometido y las que se realizan a través de vuelos comerciales regulares. Ser expulsado a través de uno u otro método depende del país al que se vaya a realizar la devolución o del número de internos en los CIE que puedan ser repatriados a cada destino.
Según puso de manifiesto una carta abierta de los internos del CIE de Madrid, recogida por eldiario.es, el primer método de expulsión, también conocido como macrovuelos o macrodeportaciones - operados por Air Europa y SwiftAir, tras ganar la concesión pública por valor de 11,8 millones de euros al año [PDF]- cuenta con el agravante de que los deportados son avisados de su expulsión en el último momento o que, incluso, no reciben notificación alguna. Ello, según denuncian los firmantes, impide a los internos despedirse de sus familias o hacerse con sus pertenencias. Esta circunstancia contravendría la resolución del juzgado de control de Madrid, según la cual los internos que vayan a ser expulsados deben saberlo con un mínimo de doce horas de antelación. Para SOS Racismo, este método es cada vez más habitual.
En lo que coinciden ambos métodos de deportación es en los malos tratos de la policía hacia los internos durante su proceso, según buena parte de los entrevistados. Mientras que José María Benito, portavoz del SUP, habla de que los inmigrantes se resisten a la expulsión montando “una pequeña bronca en el avión, no hace falta que sea grave”, para que el piloto no permita el despegue y se evite así la repatriación, Sissoko relata una situación similar y, a la vez, muy distinta.
“[Si te expulsan en una macrodeportación] no puedes hacer nada pero, si vas en avión de pasajeros y te quejas mucho, puedes evitarlo. […] Hay gente que no lo sabe y, como van con nervios, se suben tranquilos y con miedo, para que no les peguen y no les rompan los huesos. Hay gente que vuelve con el cuerpo que ya no vale para nada y la mayoría tiene miedo de eso. Los que no tienen miedo, a los que les da igual morirse, se quejan y gritan, como mi amigo Yaya. […] Él les dijo: «Yo no voy vivo. Si ustedes me quieren mandar, me mandan muerto. Me matan, luego me suben al avión y me mandan a mi país. Vivo no voy». Entonces, lo bajan, lo llevan a un sitio que tienen ellos en el aeropuerto donde dan palizas, lo meten en una furgoneta y lo llevan otra vez a Aluche un par de días y después lo sacan. […] Lo llevaron cinco veces al aeropuerto y las cinco veces le dieron hostias. El chaval volvía con la cara hinchada. Flipa tío, te lo digo de corazón. A cualquier ser humano que viera a ese chaval se le pondrían los pelos de punta”, cuenta.
Una situación similar fue la de Conrado Semedo -aparecida en los medios de comunicación en las últimas fechas-. Nacido en Bembibre (León) y habiendo pasado toda su vida en España, aunque sin la nacionalidad española, Semedo no pudo renovar su permiso de residencia por encontrarse en prisión por menudeo de droga. Tras cumplir su condena, le fue dictaminada la orden de expulsión a Cabo Verde –país de sus padres y del que él tiene la nacionalidad-, que lo esperaba a su salida de la cárcel. Semedo se enfrentó a dos intentos de expulsión y evitó ambos gracias a la intervención de los comandantes de los respectivos vuelos, antes de ser puesto definitivamente en libertad. Mientras que en el primero, el piloto se negó a despegar tras escuchar el testimonio de una azafata que había presenciado la resistencia de Conrado y la actuación de la Policía para reducirlo y subirlo al avión, en la segunda fue la camisa de fuerza que portaba la razón por la que el comandante no permitió su acceso a la nave.
Más allá de la deportación o no, este caso refleja las condiciones en las que pueden llegar a producirse las expulsiones, con los deportados esposados o incluso con camisas de fuerza para evitar cualquier tipo de resistencia. Aunque Antonio Díaz de Freijo recuerda otros casos en los que a los inmigrantes “ se les drogaba con Haloperidol para que no protestaran”.
Otra arista especialmente oscura tiene que ver con las deportaciones a terceros Estados, es decir la expulsión de personas “a países que no tienen ningún tipo de vínculo con ellas, […] por los que ni siquiera habían pasado”, como manifiesta María Serrano, portavoz de Amnistía Internacional España. “Amnistía Internacional mantiene preocupaciones sobre los acuerdos que tiene España de repatriación y de readmisión con terceros Estados, porque en muchos casos no recogen garantías de Derechos Humanos y porque, aunque las recojan, como en el caso de Mauritania, al final son papel mojado, dado que no hay mecanismos de vigilancia y monitorización de las personas que son devueltas”, asegura Serrano.
Antonio Díaz de Freijo habla de estos acuerdos como de “trampas” que España utiliza para deportar a inmigrantes que por falta de tratados con sus países de origen o de reconocimiento de la nacionalidad, no podrían ser expulsados. “Lo que les preocupa es meterlos en el avión. ¿Adónde va el avión? Donde les han permitido aterrizar. Igual no todos son de allí, pero allí los dejan y se lavan las manos olímpicamente. Allí cada uno tiene que buscarse la vida de inmigrante, quedarse, o buscar dinero trabajando o dejándose explotar para volver a su país”, explica el director de Karibu.
Dos países sobresalen cuando se habla de acuerdos para el control migratorio con Europa, tanto en la devolución como a la hora de evitar la llegada: Marruecos y Libia. Díaz de Freijo afirma que “Marruecos actúa en la medida en que recibe beneficios. Si tú le pagas, colabora. […] Con la crisis, esto ha descendido mucho, lo que puede haber hecho que Marruecos haya aflojado. Y de ahí que ahora estemos viendo llegadas muy superiores a las de años anteriores”. Libia, por su parte, ejercía una labor similar durante la etapa de Gadafi, con acuerdos europeos que permitían la devolución a ese país de inmigrantes que no necesariamente tenían la nacionalidad libia, como cuenta Serrano “la Comisión Europea e Italia han dado considerables cantidades de dinero a Libia para que se ocupara de la detención y la gestión de la migración. Y esto cuando la UE conocía que la situación allí de las personas subsaharianas eran las que eran, con arrestos arbitrarios, con torturas en los centros de detención… La UE ha aplicado […] expulsiones que, en muchos casos, no respetan los derechos humanos y acuerdos que no recogen garantías -en Libia no existe un procedimiento de asilo, por lo tanto las personas eran devueltas al peligro de tortura y muerte-”.
Una tercera pata en la mesa sobre la que se asienta la política europea de control migratorio en África se situaría en Mauritania, donde la portavoz de Amnistía Internacional relata que, con dinero de Cooperación Española, se construyó durante la crisis de los cayucos de 2006 un centro de acogida que, en la práctica, servía para “la detención arbitraria de las personas migrantes e incluso solicitantes de asilo y refugiados. Y lo más preocupante era que las personas subsaharianas eran detenidas porque se presumía que querían llegar a Europa”, aunque no hubieran cometido ningún delito. Con un estatus que no recogía la legislación mauritana, la población local bautizó al centro como “Guantanamito”.
La tercera puerta: muertes en los CIE
La opacidad que rodea a los CIE hace muy difícil saber a ciencia cierta un dato tan básico como el número de muertes de internos producidas desde su puesta en funcionamiento. Las cifras bailan y se contradicen, dependiendo de la fuente a la que se acceda.
Samba Martine, congoleña enferma de VIH, falleció en el CIE de Madrid en 2011 por falta de un tratamiento médico adecuado. Tras un largo periplo judicial, la Audiencia Provincial de Madrid decidió, el pasado mes de enero, reabrir la investigación penal sobre la responsabilidad que el servicio médico del centro podría tener en su muerte.
A este fallecimiento habría que sumar, al menos, otras tres muertes producidas en el CIE de la Zona Franca de Barcelona. La primera en salir a la luz fue la de Mohamed Abagui en 2010, joven marroquí que, al parecer, también sufrió “una falta de atención médica”, según Karlos Castilla, abogado mexicano residente en Barcelona y colaborador de SOS Racisme Catalunya. En enero de 2012 fue Idrissa Diallo, guineano, quien perdía la vida en unas circunstancias que no han terminado de aclararse aunque, según Castilla, podría tratarse de un suicidio.
El último caso se produjo el pasado tres de diciembre. El ciudadano armenio Aramayis Manukyan, ‘Alik’, se suicidaba ahorcándose en una celda de aislamiento del CIE de Barcelona. Ante esta situación, las organizaciones que trabajan en el centro – Tanquem els CIE, SOS Racismo y Migra Studium- iniciaron una investigación y se personaron en el proceso judicial. Tras algunas dudas sobre la causa del fallecimiento, motivadas por testimonios que aseguraban que Alik había mantenido enfrentamientos con un agente de Policía poco antes de su muerte, Tanquem els CIE pudo acceder a la grabación del vídeo en el que se observa que, efectivamente, Manukyan se suicidó.
Esto, sin embargo, no ha impedido que la acción legal continúe pues, como explica Karlos Castilla, que forma parte del equipo jurídico que trabaja en el caso, “no es posible que ocurra el suicidio de una persona bajo custodia policial. Cuando una persona estaba en una zona conocida como celda de aislamiento -la cual tiene una videocámara que veía todos sus movimientos-, no es posible que la policía no se haya dado cuenta que esta persona llevó a cabo estos actos: quitarse los cordones, subirlos a estas rejillas, colocarlos y colgarse”. Por ello, para determinar “las acciones o las omisiones que generaron la muerte de Alik”, SOS Racismo se ha mostrado dispuesta, según palabras de Castilla, a “agotar todas las instancias nacionales” e incluso a llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “para que se vea que estas graves omisiones no pueden estar ocurriendo en lugares donde hay personas bajo custodia policial”.
Las dudas en el número total de muertes en los centros las plantea, entre otros puntos oscuros, el caso del ecuatoriano Jonathan Sizalima en 2009, del que no se ha averiguado si perdió la vida en el CIE de Barcelona o en la comisaria. Además, no existe información de fallecidos en los otros seis centros actualmente en funcionamiento.
El día 61: un reglamento que evita los cambios
Hoy, el principal debate en relación a los Centros de Internamiento de Extranjeros tiene que ver con la puesta en marcha del reglamento que, recientemente, anunció el Consejo de Ministros. Postergada su aprobación desde la época de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la nueva normativa apenas ha realizado cambios sustanciales en la situación que, de facto, ya existía en los centros.
Los CIE seguirán siendo administrados por la Policía y sus directores mantendrán una importante discrecionalidad para determinar el régimen interno de cada uno de ellos. Por otra parte, uno de los puntos que más ha llamado la atención del texto ha sido la posibilidad de que las ONG puedan prestar “servicios de asistencia social” dentro de los CIE si firman convenios o contratos con el gobierno. Sin embargo, esto apenas supone una novedad, pues no deja de ser la función que ya venía realizando una organización humanitaria como Cruz Roja. Y, aunque el texto prevé avances en cuestiones como las horas dedicadas al paseo diurno (de dos a cuatro) o la fiscalización que puedan realizar “organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, la realidad a la que se enfrenten los internos tendrá pocas diferencias con las que han vivido quienes han pasado por ellos hasta el día de hoy.
En cualquier caso, con reglamento o sin él, la ineficiencia de los CIE queda de manifiesto atendiendo a las estadísticas de personas que pasan por ellos cada año y las de quienes son finalmente expulsados. Unas cifras que llaman a la comparación con el coste económico que estos centros tienen para las arcas públicas. Sin apenas datos oficiales hasta la presentación del reglamento, la Fundación Ciudadana Civio colaboró con Mayhem durante la realización de este reportaje para tratar de esclarecer la cuestión. Informaciones de la Agencia EFE hablan de más de ocho millones de euros invertidos durante 2011 en los entonces nueve centros en funcionamiento, sin tener en cuenta el coste que conlleva el personal destinado en los CIE. A ello, habría que sumar más de un millón de euros dedicados a los servicios médicos. Todas ellas son cifras similares a las que aporta el Ministerio del Interior en la nueva normativa, según la cual el gasto anual será de 8,8 millones de euros -sin contar personal-, ampliables en otros 5,5 millones para inversiones y mejoras y a los que se podría sumar una ayuda en forma de “financiación comunitaria”.
Estos datos, sin embargo, no parecen casar con otras publicaciones oficiales, pues solo elcontrato firmado en noviembre de 2013 entre el Cuerpo Nacional de Policía y Albie S.A. por el servicio de alimentación, superaría de largo los 8,8 millones de euros destinados a la totalidad de actividades de los centros, más allá de nuevas inversiones y mejoras planificadas. Y todo ello sin contar los 32,8 millones utilizados al año en una cuestión paralela a los CIE, como son las expulsiones de inmigrantes en situación irregular -según datos de 2011-.
María Serrano, sin embargo, prefiere dejar de lado la cuestión económica al considerar que sean estos centros “económicamente viables o inviables, en la medida que no estén acordes con los Derechos Humanos, da igual. Es cierto que, económicamente, si la opinión pública conociera más los datos, que realmente menos del 50% de las personas al final son expulsadas y los efectos tan perniciosos que tiene sobre los Derechos Humanos de las personas el mero hecho de estar internadas, esto también podría cambiar. Pero, obviamente, se lanza un mensaje político: es cierto que el internamiento no cumple la finalidad de expulsión en muchos casos, pero el Estado está lanzando el mensaje de que la migración no es bien recibida”.
Por su parte, representantes de otras ONG como Lluc Sánchez, Karlos Castilla o Antonio Díaz de Freijo se posicionan contra la mera existencia de los CIE y se muestran partidarios de su cierre definitivo. Una idea en la que coinciden con el representante del Sindicato Unificado de Policía, José María Benito. Pese a que los entrevistados plantean alternativas que van desde la libertad controlada durante el periodo previo a la expulsión, hasta la conversión de los CIE en centros de referencia sin que los internos estuvieran privados de libertad, Lluc Sánchez da un paso más allá y concluye que “la alternativa es clara. Es el respeto por los Derechos Humanos, respeto a que cualquier ciudadano del mundo pueda elegir su lugar de residencia. Pero eso no es una utopía, eso está en la Declaración de los Derechos Humanos. El derecho a migrar, a irte de un sitio donde lo estás pasando mal, es un derecho universal”.
Las consecuencias para quienes pasan en los CIE esos dos meses o para los que son expulsados a un país en el que, en muchos casos, no pueden vivir, se acercan, según relatan los entrevistados, al miedo. Miedo a la policía y a volver a verse encerrados. Miedo a vivir de nuevo esos sesenta días. “Cada vez que veo a la policía cogiendo a alguien, me pongo nervioso, porque no me puede entrar en la cabeza que a la gente, por no tener papeles, la manden a ese sitio. No sé sabe lo que puede pasar con la gente que cogen, a lo mejor les sueltan o a lo mejor no, y eso me pone nervioso. No me gusta, que quieres que te diga. Por otra parte, me hace pensar: oye tío, hay que seguir luchando, la vida es así. La vida es así”. Lo cuenta Sissoko que, tres años después, sigue viviendo en España, con las dificultades a las que se enfrenta una sociedad en crisis, pero acentuadas por pertenecer a un colectivo social especialmente desprotegido. Otros no tuvieron tanta suerte, otros no encontraron la puerta correcta para salir del CIE.
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